“Cabe señalar que dos tercios de los gastos corresponden al Ministerio de Salud”, detalla el informe. En lo que respecta a esta cartera, además se analizaron 53 adjudicaciones de las cuales 12 empresas obtuvieron el 82% del monto total. El otro Ministerio que tuvo un nivel alto de compras fue Desarrollo Social, con 20 adjudicaciones divididas en 12 proveedores.
Más allá de estos números, Poder Ciudadano encontró obstáculos para poder acceder a la información. Desde la organización sostuvieron que “no existe un único sitio en el cual se puedan consultar las compras y contrataciones efectuadas en el marco de la pandemia. Además, quedó en evidencia la falta de sincronización entre portales que contienen información sobre compras y contrataciones efectuadas”.
Otro inconveniente es que “no existen criterios uniformes para la publicación de la información”. El documento detalla que, a pesar de estar habilitado el Código de Trámite en Gestión Documental Electrónica (GDE) para la caratulación de los expedientes vinculados a la emergencia, “no todos los organismos están legalmente obligados a utilizar el módulo GDE y, por lo tanto, deben caratular los expediente por el sistema que utilicen habitualmente”.
Por lo antes mencionado, Poder Ciudadano concluyó que “no se encuentran garantizados los estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas sobre la totalidad de las compras realizadas por la Administración Nacional para combatir los efectos de la pandemia por el COVID-19”.
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