domingo, 26 de febrero de 2012

Para sus contrataciones, la UGOFE usó dinero público pero se manejó con criterios privados


Para sus contrataciones, la UGOFE usó dinero público pero se manejó con criterios privados
Según la AGN, el ente que administra tres líneas de trenes ideó obras de mantenimiento sin garantizar el principio de transparencia ni difundir los llamados a licitación. Así, limitó la concurrencia a los concursos, vulneró la igualdad de oferentes y dejó de lado a los proveedores del Estado. Además, se convalidó modificaciones de precios fuera de término. 

La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A (UGOFE SA), concesionaria de la explotación del servicio ferroviario de las líneas General Roca, San Martín y Belgrano Sur, contrató empresas para realizar obras de mantenimiento sin garantizar el principio de transparencia. Así lo dice un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde además se explica que fueron vulnerados otros principios fundamentales de contratación pública.
Según el organismo de control, la UGOFE SA, conformada por las empresas Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrovías y Ferrovías, “contrató obras, trabajos y servicios de mantenimiento bajo un régimen de derecho privado”, sin asegurar el cumplimiento de la difusión, publicidad y competencia, que deberían tenerse en cuenta por la “naturaleza de los fondos involucrados”. De hecho, la AGN aseguró que la concesionaria limitó la concurrencia a los concursos, al invitar a proveedores que constituyen sus registros privados y dejar de lado a los inscriptos en los listados del Estado.
En cuanto a las obras, en la remodelación de las estaciones de la ex línea General Roca la AGN indicó que “se convalidó la modificación de los precios” presentados por la empresa GYC Construcciones, aunque se había terminado el tiempo para que los distintos oferentes envíen sus cotizaciones. En este caso, la constructora dijo que “se había cometido un involuntario error de cálculo”, por lo cual los trabajos valdrían un 21% más. Pese a esto, la UGOFE SA le adjudicó cinco obras.
Esta situación, para la Auditoría, “vulnera la igualdad entre oferentes” y se agrava por “la utilización de concursos de tipo cerrado”, dado que la invitación no fue hecha en forma pública y se impidió ampliar el universo de ofertas, tanto en calidad como en precios.
Por último, el informe, aprobado el año pasado sobre datos que van desde la creación de UGOFESA (en 2004) hasta el 31 de diciembre de 2008, señala que “no hubo un precio de referencia previo al pedido de cotización” para la obra de mejora de las estaciones de la ex línea General Roca, “que permita determinar la razonabilidad” de los valores presupuestados.

Presupuesto y rendición de cuentas

http://www.elauditor.info/editorial_ampliado.php?id=116


20 de octubre de 2011
Todos los años, para mediados de septiembre, la presentación del proyecto de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio financiero siguiente en la sede de la Cámara de Diputados de la Nación concita una gran atención por parte de los medios de comunicación. Esa atención se traslada más adelante al desarrollo del examen y debate en torno de la iniciativa del Poder Ejecutivo. En cambio, la remisión al Congreso por el Ministerio de Economía del documento que revela la aplicación, la utilización que se ha hecho de los recursos y autorizaciones para gastar previstos en el presupuesto es ignorada olímpicamente por esos mismos medios. Estoy aludiendo a la llamada “Cuenta de Inversión”, mencionada en el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional.
La Cuenta de Inversión es la exposición detallada de lo que el Poder Ejecutivo hizo con los recursos y autorizaciones que el Poder Legislativo puso a su disposición a través de la ley de presupuesto; esencialmente es una rendición de cuentas del Poder Ejecutivo a la sociedad vehiculizada a través del Poder Legislativo.
De acuerdo con la Ley Nº 24.156, la Cuenta de Inversión debe ser presentada al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que ella corresponda.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 8, establece como atribución del Congreso aprobar o desechar la Cuenta de Inversión A su vez, el artículo 85 de la Ley Fundamental dispone que la Auditoría General de la Nación intervenga necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de la Cuenta de Inversión. 
Es apropiado visualizar a la Cuenta de Inversión como un acto correspondiente a la obligación de los gobiernos de rendir cuentas de lo actuado. En efecto, mientras el Presupuesto General de la Nación expresa de manera económica, financiera y administrativa los objetivos que la política intenta realizar para satisfacer las demandas sociales, la Cuenta de Inversión reflejará el grado de cumplimiento de esos objetivos revelando al ojo fiscalizador los aciertos y desvíos del Ejecutivo en la administración de los recursos.
En el marco de un sistema democrático y republicano, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en representación de los ciudadanos, analiza y decide sobre las políticas, objetivos, metas y recursos contenidos en el presupuesto. La Cuenta de Inversión debe reflejar lo efectivamente acontecido a partir de estas decisiones, brindar elementos informativos que permitan apreciar fielmente la concreción de esas propuestas y evaluar la evolución de la política económica y el impacto final de la gestión pública en la economía fiscal.
La Cuenta de Inversión resulta tan importante como el Presupuesto Nacional. Éste instala en el seno del HONORABLE CONGRESO NACIONAL la polémica acerca de la política de captación de ingresos y asignación de recursos, mientras que aquélla nos muestra los resultados concretos obtenidos y permite comparar y evaluar el impacto de las acciones de gobierno llevadas adelante.
Desde unos años atrás, a partir de la práctica de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el control ex post de la gestión presupuestaria cobra una relevancia mayor  justamente a medida que se desdibuja el rol del presupuesto como expresión e instrumento de las políticas de gobierno.
A pesar de significar un hecho distintivo de la división de poderes, la presentación y el examen de la Cuenta de Inversión pasan desapercibidos para el gran público y para los medios de comunicación. En cambio, sí se han incorporado al lenguaje cotidiano expresiones como “superpoderes” y “decretos de necesidad y urgencia”.
La rendición de cuentas se ha enraizado en la cultura democrática hasta convertirse en parte del núcleo duro de su esencia. En la democracia de estos tiempos, no se concibe el poder sin la obligación de responder por su ejercicio ni sin el derecho de los gobernados de evaluar el ejercicio de ese poder.
Los medios de comunicación tienen varias posibilidades de cumplir un papel de impacto positivo sobre la calidad institucional. Una de ellas consistiría en poner el foco de la investigación y el comentario sobre un tema de esencia republicana como lo es la “rendición de cuentas” y de esa forma poner al alcance de la gente el conocimiento de asuntos decisivos de política y gobierno, como lo son el sentido de la contribución pública, su distribución entre las finalidades del Estado y los resultados de la utilización de aquélla en términos concretos de mayor bienestar general.
Hugo Quintana

jueves, 16 de febrero de 2012

El cuidado de los datos vinculados al Presupuesto depende de la “pericia de personal clave”

La AGN analizó el mecanismo en el que se vuelcan todos los gastos del Estado nacional -el Sistema Integrado de Información Financiera-. En su informe se alerta sobre “riesgos superiores a los recomendables”, especialmente en materia de control interno. Hacienda está centralizando los números; y mientras tanto, coexisten 243 registros. Además, no cuenta con estadísticas de incidentes de seguridad. 

Cada uno de los gastos que realiza el Estado nacional, desde insumos, viáticos y sueldos, hasta la ejecución de todos los programas, quedan registrados en lo que se conoce como Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), un mecanismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, y que permite el seguimiento de la contabilidad general a nivel transaccional, es decir, movimientos de fondos, generación de órdenes de pago y conciliaciones bancarias.
El SIDIF fue analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN). El informe aprobado a fines del año pasado -a partir de datos de 2009- alerta sobre “riesgos superiores a los recomendables” en varios aspectos, principalmente, en materia de control interno y de seguridad.
Según la AGN, el Sistema debía establecer mecanismos para identificar los riesgos que pudieran surgir en el manejo de las Tecnologías de la Información (TI), y medir sus impactos, pero los métodos de evaluación que se alcanzaron a crear “no fueron aplicados en todas las áreas” del SIDIF. La investigación añade que “las decisiones se toman en base a la pericia de personal clave”, y no se observan procedimientos formales para la elaboración de informes internos que den cuenta de cómo se usan los recursos informáticos (empleados, instalaciones, sistemas, etc.).
Esta característica, la de hacer descansar factores estratégicos del área en la “habilidad de personal clave”, también se observa en la generación de los indicadores de calidad y de desempeño, terrenos en donde la AGN tampoco pudo detectar la existencia de procedimientos formales para medir la eficiencia del SIDIF en forma periódica.
Asimismo, el organismo de control remarcó que “no se chequea la capacidad de los proveedores externos” del Sistema, pese a que “prácticamente todo el personal de Tecnologías de la Información es contratado”, y, en ese sentido, los análisis que realizan la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la propia Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Economía “son eventuales”.
Funcionamiento
El Sistema Integrado de Información Financiera comenzó a usarse en 1993. Cada jurisdicción del Estado dispone de un Servicio de Administración Financiera(SAF) y de un mecanismo propio para el seguimiento de sus gastos. En un principio, la mayoría de las áreas contaba con un SIDIF Local Unificado (SLU). Aunque estos sistemas funcionaban de manera independiente, permitían realizar transacciones en conexión con el SIDIF Central, mediante un modo de transmisión de datos denominado TRANSAF.
A partir de 2003 comenzó un proceso de actualización tecnológica del SIDIF. El informe de la Auditoría explica que se buscaba lograr un sistema que cubriera la funcionalidad de la administración financiera del Estado, tanto a nivel central como para los organismos descentralizados, utilizando tecnologías de entorno web.
Al momento del análisis del organismo de control, el SIDIF aún se encontraba en “etapa de transición” desde su primitiva forma de trabajo hacia una nueva modalidad web, denominada “e-SIDIF”. Para la AGN, esta situación provocó que los riesgos en el tratamiento de los datos financieros se ubicaran por encima de los niveles recomendables, encontrándose, por un lado, la convivencia de los mecanismos aplicados en distintas épocas y, por el otro, lacoexistencia de “varias bases de datos con su duplicación y/o triplicación”. Los técnicos puntualizaron que durante su investigación hallaron “243 bases de datos en producción”.
Dice la conclusión de la Auditoría Nacional: “Para mitigar este inconveniente se desarrollaron una serie de procedimientos, automáticos y manuales, que verifican que un dato tenga el mismo valor en todas sus apariciones. La solución a este problema solo existirá cuando se termine el desarrollo de los módulos faltantes (en referencia al e-SIDIF), y se migre la totalidad de los organismos usuarios al nuevo sistema, permitiendo abandonar definitivamente los anteriores, y con ello unificar los datos en una única base”. Además, recomienda que “deben realizarse todos los esfuerzos disponibles para terminar con ésta situación que pone en riesgo la confiabilidad e integridad de los datos”.
Seguridad
En su relevamiento, la Auditoría sostiene que “es necesario mantener la integridad de la información (del SIDIF) y proteger los activos de TI, lo que requiere un proceso de administración de seguridad”. En este sentido, el organismo de control detectó que el riesgo es “alto”, porque “no se llevan estadísticas, ni realizan informes periódicos sobre incidentes de seguridad”.

sábado, 11 de febrero de 2012

Impulsan reformas en la AGN y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas

En la Cámara de Diputados se está trabajando en la presentación de un proyecto de Ley que busca, entre otras cosas, “proveer un sistema de control eficaz, transparente y profesional”. Federico Pinedo (PRO), autor de la propuesta, aseguró que “cuentan con el apoyo de los bloques opositores”.
 
Entre los cambios que propone el diputado, se destaca lacaducidad de los mandatos del Colegio de Auditores Generales, que pasarían a tener una duración de cuatro años. Además, establece que ningún funcionario público, diputado, senador o directivos de empresas concesionarias de servicios públicos podrá ser autoridad del organismo de control hasta cuatro años después de haber finalizado su mandato.

Otro aspecto se refiere al modo de selección de los Auditores Generales en la Cámara de Diputados, donde, de aprobarse la iniciativa, deberán nombrar tres, uno por cada bloque parlamentario con mayor número de integrantes. Según resaltó Pinedo, “la oposición debe tener una representación relevante en los organismos de control, ya que ahora estamos en una situación ridícula donde el que controla al oficialismo es el propio oficialismo”.

El proyecto también promueve habilitar a la AGN a solicitar “judicialmente el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los organismos, los entes, las instituciones y las personas físicas o jurídicas comprendidos en el ámbito de su competencia”. En esos casos, la justicia podrá “requerir al auditado que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de reticencia o negativa a brindar información o a suministrar documentos”.

En cuanto a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, se propone aumentar su composición, pasar de seis diputados y seis senadores a 12 por cada una de las Cámaras, respetando la proporción de las representaciones políticas.

Por otro lado, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), cuenta con un proyecto de Ley anterior para la reforma integral del sistema de control externo, el cual contempla, entre otros aspectos, la posibilidad de “celebrar convenios colectivos de trabajo mediante negociaciones paritarias, con la participación proporcional de los gremios de la actividad e intervención del Presidente y Vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas como autoridad de aplicación”, y destaca también la realización de controles en tiempo real.

Desde el despacho del diputado Pinedo, se refirieron a estos aspectos y, en relación a los acuerdos paritarios, remarcaron: “Eso depende de APOC, si es un sindicato independiente o si está dentro de los empleados del Estado, nos excede a nosotros. Ellos están peleando por una reivindicación y nosotros hoy no estamos jugando a favor de un sindicato”. Respecto al control en tiempo real, destacaron que “la Sindicatura (de la Nación) es la que se ocupa de hacer eso. Si hay un tema de gravedad, el Presidente de la AGN puede pedir incorporarlo fuera de la programación anual”.

Por último, y ante la consulta sobre el aumento de los integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, afirmaron: “Es para darle mayor transparencia. Esto se ha hecho en varias comisiones”.

El cuidado de los datos vinculados al Presupuesto depende de la “pericia de personal clave”

La AGN analizó el mecanismo en el que se vuelcan todos los gastos del Estado nacional -el Sistema Integrado de Información Financiera-. En su informe se alerta sobre “riesgos superiores a los recomendables”, especialmente en materia de control interno. Hacienda está centralizando los números; y mientras tanto, coexisten 243 registros. Además, no cuenta con estadísticas de incidentes de seguridad. 


Cada uno de los gastos que realiza el Estado nacional, desde insumos, viáticos y sueldos, hasta la ejecución de todos los programas, quedan registrados en lo que se conoce como Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), un mecanismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, y que permite el seguimiento de la contabilidad general a nivel transaccional, es decir, movimientos de fondos, generación de órdenes de pago y conciliaciones bancarias.
El SIDIF fue analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN). El informe aprobado a fines del año pasado -a partir de datos de 2009- alerta sobre “riesgos superiores a los recomendables” en varios aspectos, principalmente, en materia de control interno y de seguridad.
Según la AGN, el Sistema debía establecer mecanismos para identificar los riesgos que pudieran surgir en el manejo de las Tecnologías de la Información (TI), y medir sus impactos, pero los métodos de evaluación que se alcanzaron a crear “no fueron aplicados en todas las áreas” del SIDIF. La investigación añade que “las decisiones se toman en base a la pericia de personal clave”, y no se observan procedimientos formales para la elaboración de informes internos que den cuenta de cómo se usan los recursos informáticos (empleados, instalaciones, sistemas, etc.).
Esta característica, la de hacer descansar factores estratégicos del área en la “habilidad de personal clave”, también se observa en la generación de los indicadores de calidad y de desempeño, terrenos en donde la AGN tampoco pudo detectar la existencia de procedimientos formales para medir la eficiencia del SIDIF en forma periódica.
Asimismo, el organismo de control remarcó que “no se chequea la capacidad de los proveedores externos” del Sistema, pese a que “prácticamente todo el personal de Tecnologías de la Información es contratado”, y, en ese sentido, los análisis que realizan la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la propia Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Economía “son eventuales”.
Funcionamiento
El Sistema Integrado de Información Financiera comenzó a usarse en 1993. Cada jurisdicción del Estado dispone de un Servicio de Administración Financiera(SAF) y de un mecanismo propio para el seguimiento de sus gastos. En un principio, la mayoría de las áreas contaba con un SIDIF Local Unificado (SLU). Aunque estos sistemas funcionaban de manera independiente, permitían realizar transacciones en conexión con el SIDIF Central, mediante un modo de transmisión de datos denominado TRANSAF.
A partir de 2003 comenzó un proceso de actualización tecnológica del SIDIF. El informe de la Auditoría explica que se buscaba lograr un sistema que cubriera la funcionalidad de la administración financiera del Estado, tanto a nivel central como para los organismos descentralizados, utilizando tecnologías de entorno web.
Al momento del análisis del organismo de control, el SIDIF aún se encontraba en “etapa de transición” desde su primitiva forma de trabajo hacia una nueva modalidad web, denominada “e-SIDIF”. Para la AGN, esta situación provocó que los riesgos en el tratamiento de los datos financieros se ubicaran por encima de los niveles recomendables, encontrándose, por un lado, la convivencia de los mecanismos aplicados en distintas épocas y, por el otro, lacoexistencia de “varias bases de datos con su duplicación y/o triplicación”. Los técnicos puntualizaron que durante su investigación hallaron “243 bases de datos en producción”.
Dice la conclusión de la Auditoría Nacional: “Para mitigar este inconveniente se desarrollaron una serie de procedimientos, automáticos y manuales, que verifican que un dato tenga el mismo valor en todas sus apariciones. La solución a este problema solo existirá cuando se termine el desarrollo de los módulos faltantes (en referencia al e-SIDIF), y se migre la totalidad de los organismos usuarios al nuevo sistema, permitiendo abandonar definitivamente los anteriores, y con ello unificar los datos en una única base”. Además, recomienda que “deben realizarse todos los esfuerzos disponibles para terminar con ésta situación que pone en riesgo la confiabilidad e integridad de los datos”.
Seguridad
En su relevamiento, la Auditoría sostiene que “es necesario mantener la integridad de la información (del SIDIF) y proteger los activos de TI, lo que requiere un proceso de administración de seguridad”. En este sentido, el organismo de control detectó que el riesgo es “alto”, porque “no se llevan estadísticas, ni realizan informes periódicos sobre incidentes de seguridad”.