LA CUENTA DE INVERSIÓN

 El presupuesto nacional tiene tres etapas, la primera es de formulación y está prevista en el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, que establece que el proyecto deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados “antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá”.

La segunda es de ejecución, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Y la tercera es la de rendición de gastos, que se realiza mediante la llamada Cuenta de Inversión. Este instrumento es un informe, elaborado por la Contaduría General de la Nación, en el que el Poder Ejecutivo detalla qué hizo con los recursos y autorizaciones que el Legislativo puso a su disposición a través de la ley de leyes. 

Si el presupuesto expresa los objetivos de la política para satisfacer las demandas sociales, la Cuenta de Inversión reflejará el grado de cumplimiento de esas metas. Esta última etapa también tiene sus tiempos: de acuerdo a la norma ya mencionada, debe ser presentada ante al Congreso antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda. 

Fuente: www.argentina.gob.ar

Por otro lado, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 -inciso 8- que es el Parlamento, en representación de los ciudadanos, el que tiene la atribución de aprobar o desechar la cuenta de inversión; mientras que el artículo 85 dispone que la Auditoría General de la Nación (AGN) intervenga necesariamente en ese trámite.

Fuente: www.argentina.gob.ar.

Aprobación de la AGN

El Senado de la Nación rechazó la cuenta de inversión que fue aprobada por la Auditoría General de la Nación, órgano encargado de su análisis, en agosto de 2018. El expediente sostuvo que "sin perjuicio de la realización de procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades de los funcionarios".

Se revisó la ejecución presupuestaria y los estados contables del 2016. En el debate en el Colegio de Auditores, la auditora general Graciela de la Rosa criticó la utilización de los DNU, que según el informe aumentaron la ejecución presupuestaria un 41,12%, casi el doble que en 2015.

“El presupuesto fue aprobado antes de que este Gobierno -por el de Mauricio Macri- asumiera. Había notables desequilibrios macroeconómicos en ese momento con atraso de tarifas y tipo de cambio; con una inflación promedio de casi 30% y con un dólar paralelo superior en un 50% al habitual. La nueva administración pretendió normalizar el funcionamiento de la economía de manera gradual”, desarrolló en aquel momento el auditor general Jesús Rodríguez.

 

La letra chica del Presupuesto 2022: más dudas que certezas

25 Septiembre 2021 - 00:00

El proyecto que define el paquete económico de 2022 se caracteriza por un déficit elevado y una meta inflacionaria que sólo se podría cumplir con un ajuste fiscal recesivo.

Lo que se desprende del proyecto de Ley de Presupuesto 2022 es que el déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, se reduciría de 4% del PBI este año (en el Presupuesto 2021 el tope era 4,5%) a 3,3% el año próximo. Por otra parte, y también según el proyecto, se estima que la emisión monetaria para financiar al Tesoro caería de 3,6% del PBI en 2021 (en 2020, llegó a 6,5% del PBI) a 1,8% el año próximo.

Con claridad, se busca mostrar ante el FMI un camino hacia el ajuste fiscal y de reducción de la emisión monetaria. Variables claves a controlar de cara a ordenar las cuentas públicas y los fundamentos de la macroeconomía. No obstante, no hay que dejar de considerar que, en principio, no tendremos ni los ingresos extraordinarios con respecto a los grandes patrimonios (0,5% del PBI) ni la considerable recaudación adicional que significó el boom de los commodities en términos de retenciones a la exportación (casi 1 punto del PBI extra).

¿Qué más surge de esta nueva ley de Presupuesto?

Primeramente, se prevé para el 2022 que los recursos tributarios totales crecerán 45,2%, en términos nominales respecto de 2021. En otras palabras, el equivalente a aumentar la recaudación en 1% del PBI de un año a otro: de 24,88% PBI en 2021 pasará a 25,88% PBI en 2022. Con esto, desde Hacienda, se pretende reacomodar en parte los números, y lo que explicaría esa mejora de ingresos fiscales serían los “Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social”, que aportaría 0,6% del PBI extra respecto de 2021. Con el objeto de llegar a esa meta, dentro del proyecto no solo se contempla un crecimiento del PBI del orden del 4% para 2022, sino también, una fuerte recuperación del empleo formal asalariado junto con aumentos salariales reales por arriba de la inflación. De no darse estas condiciones, necesarias y suficientes, no se podría arribar, una vez más, a lo que se ha presupuestado.

Asimismo, el remanente del incremento en la recaudación del año 2022 respecto a 2021, se encontraría explicado por Ganancias (+0,37 del PBI), Impuesto al Valor Agregado (+0,15% del PBI) y Bienes Personales (+0,07% del PBI). Como contrapartida, se especula con un menor ingreso por retenciones a las exportaciones que caerían de 2,17% del PBI a 1,89%. No obstante, la proyección es optimista porque se considera un precio de la soja promedio de u$s520 por tonelada. Nuevamente de no cumplirse con estas excepcionales condiciones, el impuesto inflacionario funcionaría como válvula de escape. Los ingresos tributarios se ven subestimados nominalmente si consideramos que la meta de 33% de inflación será difícilmente alcanzable frente al 45%.

Otro tema a considerar, más allá de los ingresos tributarios, es el referente a las tarifas. Si no se quiere repetir la licuación del gasto previsional y social de la primera parte de este año, se deberá avanzar sobre la cuenta de subsidios económicos, que volvió a dispararse este año. Consideremos que el presupuesto 2022 aspira a una reducción en los subsidios energéticos de 2,1% del PBI este año a 1,5% del PBI en 2022 (0,6% del PBI equivalente a unos 240.000 millones de pesos o u$s2.400 millones al tipo de cambio oficial). Lo cierto es que el ajuste fiscal en 2022 es fundamental, ya que este año los subsidios económicos totales, Energía más Transporte, llegarán a representar 3% del PBI.

En síntesis, el Presupuesto 2022 reduce a la mitad el financiamiento vía emisión del BCRA. Pasando del 3,6% del PBI en 2021 a solo 1,8% del PBI ($1.080.000 millones). El resto del déficit primario se financiaría con emisión de deuda en pesos en el mercado local. Situación análoga a la del 2021. Aunque el punto a considerar este año pasará por el financiamiento del déficit financiero (4,9% del PBI en 2022). El presupuesto estima que 2,4% del PBI será financiamiento neto (nueva deuda) con Organismos Internacionales de Crédito. Aproximadamente unos $1,4 billones de pesos. El otro punto a considerar es que en el presupuesto no se contemplan los vencimientos con el FMI por unos u$s20.000 millones porque se estima que habrá un acuerdo para refinanciar esos vencimientos.

Lo curioso es de dónde saldría ese financiamiento adicional de Organismos Internacionales. 

Una posibilidad o alternativa es que con el FMI se negocie que los pagos de deuda se cancelen con los DEGs hasta fin de año. Que sean reembolsados el año próximo y a esto se sumen dólares post acuerdo con el FMI. 

La segunda es que estén sobreestimados y en realidad la falta de financiamiento obligue a que el déficit fiscal de 2022 sea sensiblemente menor al establecido en el Presupuesto Nacional (3,3% del PBI).

La consolidación fiscal propuesta no se ve alineada a los requerimientos de un nuevo programa con el FMI ni a las menores fuentes de financiamiento proyectadas para el año entrante. Un potencial acuerdo con el FMI demandaría mayor disciplina fiscal y menor financiamiento monetario desde el BCRA. 

También el Presupuesto estaría sobrestimando el financiamiento neto que llegaría desde organismos multilaterales (u$s12.500 millones), por lo que la asistencia del BCRA sería mayor a la prevista.

El proyecto que define el paquete económico de 2022 se caracteriza por un déficit elevado y una meta inflacionaria que sólo se podría cumplir con un ajuste fiscal recesivo, más allá del optimismo que se percibe en las estimaciones y en los supuestos.

Presupuesto 2022, DEGs y emisión: un problema de economía política

Presupuesto 2022, DEGs y emisión: un problema de economía política

25 Septiembre 2021 - 00:00

La situación económica es compleja y la campaña electoral, exigente. Sin embargo, el Estado no puede, operativamente, gastar recursos que no posee.

El ministro de Economía enfrenta una restricción política rígida: no puede bajar el déficit fiscal. El problema es con la “ejecución del déficit”. Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre esto, el asunto que corresponde al Palacio de Hacienda queda así bien delimitado: la mejora de las cuentas públicas observada hasta agosto 2021 debe revertirse.

Sin embargo, el Estado no puede, operativamente, gastar recursos que no posee. Para hacer las variadas erogaciones que le corresponden (desde hacer puentes y rutas hasta comprar clips para las oficinas de un juzgado) debe obtener financiamiento por alguna vía. En primer lugar, tiene la atribución de crear y cobrar impuestos. Además, puede pedir prestado a ahorristas, bancos y organismos. Por último, puede simplemente imprimir el dinero restante, dentro de ciertos límites legales.

El primero de estos caminos se encuentra restringido, ya que subir impuestos no es atractivo de cara a un proceso electoral (incluso, podría anunciarse una reducción del Impuesto a las Ganancias). De hecho, un incremento de los recursos es algo que viene ocurriendo en lo que va del 2021 (los ingresos del Sector Público terminarían alrededor de 1,5 p.p. del PBI por encima de lo presupuestado). Sin embargo, aquí aparece la mencionada restricción política: como debe respetarse el déficit presupuestado, este dinero excedente no debe destinarse a mejorar las cuentas públicas, sino a incrementar el gasto.

Por el lado del endeudamiento, tampoco resulta probable conseguir más recursos. Los Bonos en dólares de nuestro país se encuentran entre los más baratos del mundo, ya que los inversores los consideran riesgosos y no quieren adquirirlos. Y los organismos se encuentran negociando la recuperación de lo prestado más que estar pensando en nuevos desembolsos. En este marco, la única opción de endeudamiento es el mercado de ahorristas locales, que sí presta al Tesoro. Sin embargo, este canal cada vez es más estrecho: desde el comienzo del segundo semestre las colocaciones de Letras y Bonos encontraron menos ofertas, reclamando mayores tasas y menores plazos.

Ignacio Petunchi

De este modo, la emisión monetaria aparece como el único camino para una política fiscal más expansiva. Sin embargo, la posibilidad de “monetizar el déficit” (imprimir billetes para pagar gastos) se encontraba muy cerca del tope legal que estipula la carta orgánica del BCRA. Las utilidades que dicho organismo puede remitir al Gobierno se estaban agotando (queda alrededor de 0,2% del PBI por girar) y el stock de Adelantos Transitorios estaba a 0,7% del PBI de su tope. Estos números no solo dificultaban aumentar el déficit de 2021, sino que hacían prácticamente imposible financiar un rojo parecido en 2022.

Entonces, ¿cómo iba a financiarse el déficit de 3,3% del producto presupuestado para el año próximo? De acuerdo con el proyecto de ley enviado, con un endeudamiento doméstico por casi ARS 6,5 billones (más de dos veces la base monetaria) y enormes desembolsos de organismos internacionales (por el triple del máximo histórico). Si estos préstamos no llegaban, la única forma de que el Tesoro cuajara sus necesidades era con una inflación mayor a la prevista, ya que un salto de los precios aleja el límite legal de los Adelantos Transitorios. Adicionalmente, una sorpresa inflacionaria aumenta la recaudación -haciéndole trampa al impedimento de bajar el déficit-, impide que las jubilaciones crezcan en términos reales, licúa el poder adquisitivo de convenios y transferencias pactadas con Provincias y organismos del Sector Público y disminuye el valor que cobran los prestamistas a tasa fija. De este modo, beneficia a las cuentas fiscales en detrimento de otros agentes.

Frente a la escasa disponibilidad de fuentes de financiamiento, el Presupuesto enviado al Congreso sólo cerraba con una mayor inflación. Pero el proyecto subsistió apenas unas horas. Se incorporó una modificación presupuestaria que incluye una transferencia recibida del FMI (en adelante, DEGs, que el organismo emitió para asistir a sus países miembros) y la aplica a pagar deuda con el Banco Central. De este modo, los recursos obtenidos del Fondo, que iban a utilizarse para cancelar vencimientos con dicho organismo, se volcarían a pagar pasivos en pesos intra-sector público. ¿Cómo se pagará entonces al FMI? El mismo decreto que registra la llegada de los DEGs anuncia la colocación de una Letra Intransferible a la autoridad monetaria por los dólares equivalentes. En otras palabras, el Banco Central le prestaría a Economía las reservas para el pago.

NA

Con este artilugio contable, el Tesoro se auto-habilitó para utilizar dos veces los recursos recibidos: la primera en pesos y la segunda en dólares. Con el repago de Adelantos Transitorios, el límite de estos se aleja en forma directa en alrededor de 1,2% del Producto. Además, en forma indirecta, este límite se extiende en otro 0,2% del PBI, ya que aumentan los recursos del Estado y la base monetaria, componentes de su cálculo. En simultáneo, las reservas internacionales se reducen en la cuantía del pago. Dicha caída será duradera, pero la devolución de pesos al Banco Central será, valga la redundancia, transitoria. La reducción de los Adelantos vigentes únicamente sirve para volver a pedirlos próximamente, cumpliendo con el mandato político indeclinable de aumentar el déficit en 2021 y 22.

¿Evadió entonces el Poder Ejecutivo su problema de escasez? Sólo parcialmente. Tras el pase de manos entre el Tesoro y el Central, el primero queda con más margen para pedirle al segundo que imprima pesos. La emisión potencial que el BCRA puede brindarle al Tesoro podría usarse alternativamente para aliviar sus necesidades el año próximo o para inyectarse inmediatamente en “la calle”, en una búsqueda por mejorar el resultado electoral. Sin embargo, la teoría económica nos dice que volcar una gran cantidad de pesos a una economía con un tipo de cambio controlado llevará a una pérdida de reservas internacionales. Esto, más temprano que tarde, podría tensionar los distintos precios del dólar y erosionar la capacidad de intervención de la autoridad monetaria. Y es difícil imaginar que una nueva devaluación en un contexto de mayor liquidez monetaria y expansión fiscal creciente no acelere la inflación.

En definitiva, el Tesoro abrió creativamente un espacio en la normativa y puede financiarse con el Banco Central en una mayor medida que antes. Esto acercaría al palacio de Hacienda al cumplimiento de su pauta presupuestaria 2022. El problema podría ser que se gastara este margen antes de tiempo, impulsando un mayor déficit en los meses restantes de 2021. Esto no solo volvería a posar problemas sobre cómo pagar el desbalance de 2022, sino que también podría disparar la inflación en lo inmediato. Considerando que no es probable ni deseable hacer un brusco ajuste al gasto el año próximo, ayudaría mucho contar con los Adelantos Transitorios adicionales en 2022.

La situación económica es compleja y la campaña electoral, exigente. Aunque el gasto público puede ser una salida adecuada para la crisis y, a la vez, aportar votos a un oficialismo golpeado, este debe poder financiarse. Incrementar el déficit fiscal primario no es suficiente para revertir una elección y si al hacerlo se impulsa a la inflación esto no mejoraría, por el contrario, deterioraría aún más a los indicadores sociales.

CONTRATACIONES Compras COVID

 “Cabe señalar que dos tercios de los gastos corresponden al Ministerio de Salud”, detalla el informe. En lo que respecta a esta cartera, además se analizaron 53 adjudicaciones de las cuales 12 empresas obtuvieron el 82% del monto total. El otro Ministerio que tuvo un nivel alto de compras fue Desarrollo Social, con 20 adjudicaciones divididas en 12 proveedores. 

Más allá de estos números, Poder Ciudadano encontró obstáculos para poder acceder a la información. Desde la organización sostuvieron que “no existe un único sitio en el cual se puedan consultar las compras y contrataciones efectuadas en el marco de la pandemia. Además, quedó en evidencia la falta de sincronización entre portales que contienen información sobre compras y contrataciones efectuadas”.

Otro inconveniente es que “no existen criterios uniformes para la publicación de la información”. El documento detalla que, a pesar de estar habilitado el Código de Trámite en Gestión Documental Electrónica (GDE) para la caratulación de los expedientes vinculados a la emergencia, “no todos los organismos están legalmente obligados a utilizar el módulo GDE y, por lo tanto, deben caratular los expediente por el sistema que utilicen habitualmente”.

Por lo antes mencionado, Poder Ciudadano concluyó que “no se encuentran garantizados los estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas sobre la totalidad de las compras realizadas por la Administración Nacional para combatir los efectos de la pandemia por el COVID-19”.

Esquema de Participación Público - Privada (PPP)

 La rescisión de las polémicas concesiones de los PPP viales que la Administración Alberto Fernández concretó en los últimos días dejó en claro que los únicos que salieron ganando con ese fallido esquema de privatización de la gestión macrista han sido los bancos que armaron y sostuvieron las estructuras financieras de los contratos.

De distintas maneras, tanto las constructoras que aceptaron la caída de las concesiones “por mutuo acuerdo”, como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el titular de la estatal Corredores Viales, Gonzalo Atanasoff, reconocieron que los PPP viales fueron un “negocio financiero” que terminó beneficiando solo a las entidades bancarias.

Desde la firma de los contratos a mediados de 2018 hasta la semana pasada en que fueron dados de baja, los bancos Galicia, Itaú y Eximbank de China estuvieron facturando mensualmente un monto total cercano a los US$ 10 millones en concepto de “mantenimiento de garantías y gastos administrativos”.

Motorizadas por el ex ministro de Transporte, Guillermo Diestrich; las concesiones de los PPP viales –que habían arrancado 30 meses antes e iban a durar hasta 2033- contemplaban un amplio programa de obras en autopistas y rutas por un total de US$ 6.000 millones.

Las inversiones iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y luego repagadas con títulos de deuda del Estado que se rescatarían en forma semestral.

Tras la apertura de las ofertas, los PPP viales quedaron en manos de las siguientes empresas:  

 #  Paolini -Vial Agro-INC (Corredor A), 
 #  Green y el grupo chino CCA (Corredor B); 
 #  Cartellone (Corredor C), 
 #  Helport, Panedile, Eleprint y Copasa (E y F), y 
 #  Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (Corredor Sur).

Cuando habían transcurrido pocas semanas del inicio de los contratos, los concesionarios debieron afrontar la crisis cambiaria y económica que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir el auxilio del FMI por el cierre de todas las fuentes externas de financiamiento.

A eso se sumó un contratiempo judicial inesperado: la mayoría de las empresas que formaban parte de los consorcios quedaron involucradas en la sonada causa de corrupción de los “cuadernos de las coimas” que llevó adelante el exjuez federal Claudio Bonadío.

Sin posibilidad de obtener el financiamiento que habían prometido y con marcados atrasos en las obras, los PPP viales fueron mantenidos en pie por Dietrich con prórrogas y modificaciones en las reglas de juego de dudosa legalidad.

Tras haber asumido a fines del año pasado, Katopodis ordenó una auditoría para definir el futuro de las concesiones. A fines de mayo -tras un fallo judicial que le permitió al Grupo Eurnekian y sus empresas socias remplazar las garantías en dólares por cauciones en pesos-, el titular de Obras Públicas recibió la instrucción de la Casa Rosada de tirar abajo todos los PPP.

A partir de ahí, el gobierno inició una fuerte ofensiva para que los concesionarios acepten una “salida consensuada” que cubra al Estado de futuras demandas.

El principal argumento que esgrimieron los funcionarios fueron los marcados incumplimientos en las obras e inversiones que habían prometido las empresas. Según un relevamiento de Vialidad Nacional, en 2 años los concesionarios sólo hicieron entre el 2% y el 4% de las obras principales que estaban comprometidas en los distintos corredores.

A eso se sumó la amenaza oficial de rescindir los contratos por culpa de las empresas y proceder a la ejecución de las garantías que superaban los US$ 500 millones.

A fines de setiembre, el consorcio liderado por el Grupo Eurnekian fue el primero en aceptar la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual” para dar de baja las concesiones de los corredores E y F.

En la última semana optaron por el mismo mecanismo de salida las empresas operadoras de los corredores A, C y Sur.

Y en el caso del corredor B, la rescisión se daría en los próximos días, una vez que se concrete el rechazo oficial al esquema de financiación presentado por el grupo chino CCA unas horas antes de que venciera el plazo límite previsto en el contrato.

Ahora habrá que ver cómo sigue el tema y quienes serán 'los nuevos amigos', si los hubiera.

El pasado 29 de junio se realizó la actividad "Mito y realidad de los contratos de participación público privada (PPP)", en cuyo marco expusieron Susana E. Vega (profesora adjunta de Derecho Administrativo) y Carlos F. Balbín (profesor titular de Derecho Administrativo). Moderó Verónica L. Arias (profesora adjunta de Derecho Administrativo) y organizó la Cátedra de Derecho Administrativo del Prof. Dr. Carlos F. Balbín.

En primer lugar, Susana E. Vega explicó que la modalidad de participación público privada está presidida por la ley 27.328 de 2016 y nace como una modalidad alternativa a los contratos de concesión de obra pública y al régimen del decreto 1023. “La característica central de esta  metodología es precisamente el financiamiento privado del proyecto sobre el cual se puso mucho énfasis con el dictado de toda su normativa que está compuesta por un montón de decretos reglamentarios y complementarios”, detalló e indicó que “el escenario que se generó a raíz de esta normativa está compuesto por dos situaciones: por un lado los contratos que se firmaron al amparo de esta normativa y, por otro lado, una gran cantidad de proyectos muy variados en obras de infraestructura e incluso en algunos se llamó a licitación”.

En cuanto a los contratos, indicó que “se trata de seis contratos firmados que tienen la misma naturaleza y están firmados por el mismo ente contratante, la Dirección Nacional de Vialidad. Y digo de la misma naturaleza porque son seis corredores viales y muy parecidos entre sí”. Estos contratos, conocidos con el nombre de Red de autopistas y Rutas seguras, fueron firmados el 31 de julio de 2018.

Sin embargo, expuso que “frente a la pandemia y frente a los anuncios dados por las autoridades públicas, la decisión fue rescindir estos contratos. Más o menos habían alcanzado un 2% de ejecución física. Y empezó una etapa que no va a ser fácil que es la negociación que las autoridades públicas tienen por delante con los contratistas PPP a los fines de instrumentar y cómo se va a llevar adelante esta rescisión de los contratos”.

En materia de proyectos, señaló que  el caso más renombrado fue en el área de energía cuando en marzo del 2019 se llamó a licitación  para hacer una línea de extra alta tensión. Desde el llamado, se fue prorrogando la fecha establecida para que los oferentes se presenten.

Finalmente, explicó que “quedó trunca porque en marzo por resolución 124 del 2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo se deja sin efecto. Los fundamentos invocados por el Ministerio es la situación económico financiera por la que está atravesando Argentina. También se establece la posibilidad de que se retome el proyecto pero evaluando otras modalidad de contratación distinto al mecanismo PPP porque el procedimiento de la ley 27.328 no representará un ahorro para los usuarios del servicio de energía eléctrica”.

Por su parte, Carlos F. Balbín manifestó que “cuando Argentina lanza la ley de PPP, a nivel mundial ya se cuestionaba duramente el modelo sobre todo por el alto costo de las obras y servicios construidos a través del mismo”.  Como ejemplo de esta situación, señaló que el informe que elaboró Jesús Rodríguez, el actual presidente de la Auditoría General de la Nación, marcaba que en el caso chileno el costo de las obras realizadas a través del modelo PPP fue un 20% más alto que si se hubiesen hecho a través del modelo tradicional de construcción de obra pública. Además en el caso de Colombia se indica que el costo es superior al 100%, y en el caso de Perú un 144%.

De las obras de los seis corredores viales que se licitaron y adjudicaron a mediados del año 2018, puntualizó que “al día de hoy de acuerdo a los informes de la Dirección Nacional de Vialidad se avanzó entre un 2% y un 4% y se invirtieron 800 millones de dólares de los 6 mil millones que deben invertirse en los primeros 4 años de ejecución de estos contratos de concesión de corredores viales”.

Por otra parte, planteó las diferencias entre el modelo contractual clásico de concesión de obra pública y el nuevo modelo de PPP: “En el contrato clásico de obra pública el Estado contrata con el empresario, que ejecuta la obra y el Estado paga la obra en términos de avance de esta, mientras que en los contratos PPP la cuestión central es el financiamiento de la obra. En este caso no es el Estado quien financia la obra a medida que se avanza en la ejecución de esta, sino que quien financia es el empresario junto con el agente financiero y luego el Estado paga la obra a través de la emisión de títulos públicos”.

Más adelante reflexionó acerca del fracaso del modelo PPP: “Fracasa por su propia estructura jurídica, es decir, no solo tenemos que buscar el porqué de este mito o fracaso en la estructura económica y financiera de los contratos PPP, sino en la estructura jurídica”. Y puntualizó: “En un contrato de obra pública las reglas las define el Estado. Tras este conjunto de reglas, el Estado suscribe el contrato con el empresario. En el contrato PPP la regla estatal es mínima y por tanto la regla nuclear del contrato se construye a través del diálogo entre el empresario y el contratista”.